A propósito de la resolución ilegítima de la Ministra del Trabajo que sanciona a la vicepresidenta Verónica Abad con 150 días de suspensión de sus labores sin sueldo, en mi opinión es un claro abuso de poder que venía fraguándose desde la sanción de 8.500 dólares a la vicepresidenta Abad impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral por otro supuesto delito electoral grave antes de ser vicepresidenta, dictada el 5 de noviembre de 2024.
El fenómeno del quiebre del Derecho, la ley y la Constitución en cualquier gobierno que se jacte de Democrático, involucra un abuso de poder delegado para la obtención ilegítima de un beneficio privado, económico o de otro carácter y es, por tanto, un fenómeno complejo vinculado al ejercicio abusivo de un espacio de poder.
En el manejo ajurídico de un Estado como el ecuatoriano, se permiten actos corruptos entre privados, pero lo que más nos debe interesar y preocuparnos son los actos de los poderes delegados en el ámbito de la función pública, que irrespetan el ordenamiento jurídico permisivo. Por ejemplo, que nadie se preocupó de derogar un gran porcentaje de leyes vía Decretos Ejecutivos que nacieron viciados de legitimidad en tiempos de dictadura.
Cito, como ejemplo que se viene a mi mente, la Ley No. 100 de la Federación Médica Ecuatoriana con varias reformas inconsultas vigentes desde su origen hasta la actualidad que vulneran la jerarquía de la ley y la Constitución, cuando vía Decreto Ejecutivo se mantienen mandatos jurídicos propios de naturaleza legal que debieron haber nacido de una ley del poder legislativo jerarquizado.
En base a ese Decreto Ley No. 100, tenemos vigentes derechos y obligaciones de una supuesta defensa gremial eternizada en los Colegios de Médicos, por ejemplo, que por conveniencia siguen citando y aplicando el Decreto ley de una dictadura que vulnera todo ordenamiento jurídico. Me refiero también a que se vulneran leyes de menor jerarquía jurídica como los reglamentos, que debieron a su tiempo ser declarados actos inconstitucionales originados en el abuso de poder de regímenes dictatoriales que restan Democracia y autonomía de gestión a los mismos gremios que ni siquiera permiten registrarse en el órgano rector del Ministerio de Salud Pública.
Hoy en pleno Siglo XXI, es muy común escuchar que en toda la institucionalidad pública de Ecuador existe un quiebre en el sistema normativo, con efectos institucionales y con la capacidad de afectar a terceros. Sucede en casi toda la institucionalidad del país y en especial en el IESS, en Petroecuador y en el sector energético, y no pasa nada.
Este caso de abuso de poder reciente contra Verónica Abad, la vicepresidenta del Ecuador, confinada en una embajada en Turquía por cuestiones de índole personal e ideológico con el Presidente Noboa, que bajo su responsabilidad su Ministra del Trabajo impone una sanción de 150 días sin sueldo por haber infringido la ley Orgánica de Servicio Público, concretamente por abandono injustificado de trabajo de tres o más días consecutivos según lo previsto en el artículo 48 literal b de la ley Orgánica del Servicio Público, es muy grave.
En estricto orden jurídico, el sancionar vía Sumario Administrativo a una funcionaria designada por norma constitucional y legal por votación popular, se está vulnerando principios constitucionales y legales dictado por una funcionaria sin competencia y de menor nivel a la vicepresidenta Abad, que sin ser santo de mi devoción, en esta oportunidad ha sido objeto de un abuso de poder a efectos de que opere la sucesión temporal del cargo en otra funcionaria del gobierno e impedir a Verónica Abad acceder al encargo temporal de la Presidencia de la República en vista de que el actual Presidente corre para un nuevo periodo de reelección presidencial del 2025 al 2029.
Ver mi video vinculante con este tema Choque de Trenes entre Abad y Noboa.
En definitiva, si se deja en firme la Resolución del Ministerio del Trabajo, la ejecución traerá llamados de atención de los organismos internacionales de Derechos Humanos y Justicia Internacional al Ecuador, demandas de protección constitucional al interno del país, llamadas a la Asamblea a la Ministra del Trabajo, etc., que traen más división y fraccionamiento de los electores y vulneración a la estructura jurídico constitucional del Ecuador, que se irrespeta en forma reiterada y mañosa desde los gobiernos de Correa, Moreno, Lasso y Noboa y a nadie le importa.
Lo cierto es que, a esta fecha de este análisis, 17 de noviembre de 2024, Verónica Abad está fuera de la Vicepresidencia y tenemos un nuevo encargo temporal para ese cargo a Sariha Moya, al igual que tenemos un nuevo ministro de Gobierno José de la Gasca reciclados de anteriores gobiernos a Noboa.
La Constitución del 2008 se presta para todos los desafueros que se presentan con el abuso del poder y otras aberraciones, es más, esta concebida para desembocar en los extremos idiológicos, comunismo y facismo, nótese que el anarquismo producido en el que nos desenvolvemos, es el campo ideal para los totalitarismos, sin embargo la postura gubernamental es complaciente, tibia y tolerante, situación totalmente peligrosa para la democracia, que por cierto se encuentra tomada por la corrupción política, administrativa, judicial y el crimen organizado, amén de los órganos de control y más instituciones que no escapan a este fenómeno tenebroso para la República. El problema del Ecuador es estructural, afecta a su organización interna y externa con resultados perturbadores que redundan en desconfianza, inseguridad e ingobernabilidad. De otro lado la gigantesca burocracia consume todos los recursos del Estado sin justificación alguna……………soluciones…….