La política ecuatoriana se encuentra en un punto crítico en el que los límites de la Constitución parecen haberse convertido en una cuestión de interpretación, en lugar de un marco de acción concreta, la reciente disputa entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad refleja esta realidad, un conflicto que va más allá de un simple desacuerdo y plantea interrogantes sobre la verdadera utilidad de la Constitución cuando los actores políticos parecen dispuestos a reinterpretarla o ignorarla para consolidar su poder.
Verónica Abad, quien ha sido objeto de múltiples denuncias y sanciones, enfrenta una situación de tensiones internas en el gobierno, con acusaciones que van desde la deslealtad política hasta intentos de usurpación de poder, la señora Abad ha utilizado su posición de vicepresidenta para cuestionar abiertamente la gestión de Noboa, generando una situación insólita en la política ecuatoriana, desde su designación como “embajadora de paz” en Israel hasta su traslado a Turquía, las acciones de Abad han sido vistas tanto como una medida para crear distancia dentro del Ejecutivo, como una especie de exilio diplomático que en la práctica limita sus funciones y su influencia dentro del país.
¿La Constitución cuando las crisis exigen medidas extremas, para qué sirve en teoría?; existe para garantizar un equilibrio de poder y proteger los derechos ciudadanos, o simplemente como un libro más que está en una estantería pero que no es leída ni respetada en lo absoluto.
La realidad ecuatoriana muestra que la Carta Magna puede ser reinterpretada, desafiada y, en algunos casos, ignorada en función de las necesidades políticas del momento, frente a esta innegable inestabilidad, el pueblo ecuatoriano se debate entre la seguridad que ofrecen las figuras autoritarias y el ideal democrático que promulga la misma Constitución.
La pregunta de fondo se vuelve inevitable e indispensable: ¿es tiempo de replantear el papel de la Constitución, o es nuestra responsabilidad defenderla a toda costa, incluso cuando parece no ofrecer respuestas efectivas?.
Al igual que en otros países de la región, el Ecuador observa de cerca los ejemplos de líderes que han empleado un discurso de mano dura para justificar reformas que limitan derechos en nombre de la seguridad, lo cual, a título personal, lo considero muy necesario; sin embargo, en un contexto donde el Estado parece no cumplir con las necesidades básicas de sus mandantes y los ciudadanos temen por su integridad, surge un dilema que se vuelve moral y hasta ético: ¿vale la pena flexibilizar la Constitución para recuperar el control?
A pesar de los riesgos, algunos sectores consideran que Ecuador necesita un cambio drástico, pero la historia ha mostrado que el costo de estas medidas puede ser alto, y una vez que se debilitan las protecciones constitucionales, es difícil restaurarlas; todo lo expuesto me lleva a reflexionar y también consultarles a ustedes, ¿De qué nos vale la Constitución?
