Introducción al Tema:
El objetivo como nación debería ser elevar nuestro estándar de vida disminuyendo el umbral de la pobreza, que ronda el 47% en el Ecuador con el gobierno que venga en las elecciones del 2025 al 2029.
Según el INEC, un ciudadano que percibe un ingreso per cápita menor a $88,72 mensuales se considera pobre y $50 mensuales sería extremadamente pobre.
Son muchos los temas y propuestas económicas que necesita un país en vías de desarrollo, no obstante, tener ciudadanos con dignidad y orgullo debe ser la prioridad de los gobernantes. El empleo pleno y el empleo de los informales sería una prioridad para salir de esta economía estancada que afecta a los ciudadanos de ingresos medios y bajos, pero en Ecuador no se tienen estudios concretos del empleo informal y en un 55% de los ecuatorianos tienen que empezar por destruir los mitos laborales primero de la prohibición del trabajo por horas, que en esta crisis energética, por ejemplo, y mis observaciones de los países europeos donde el migrante ecuatoriano labora esta modalidad de empleo por horas, es la más natural y aplicable a trabajos que son los mejor remunerados.
Pero para que esto suceda, en Ecuador hay que tener una normativa acorde a la naturaleza de los trabajos manuales y administrativos, cambiando las reglas de nuestro Código del Trabajo que está vigente desde la época de la Colonia y en especial la ley de Contratación Pública, motivo de esta consulta.
El Cuello de Botella es la Ley de Contratación Pública
La actual ley de Contratación Pública nació con el firme propósito de asegurar la transparencia y la gestión eficiente de los recursos del Estado, pero sus constantes cambios desde el poder Ejecutivo a presión de los contratistas y lobistas de los gobiernos de turno, terminaron por convertir la ley en una traba burocrática que obstaculiza la ejecución de los proyectos esenciales para el desarrollo del país, donde predomina el palanqueo inmisericorde en el nivel central y en los organismos seccionales a vista y paciencia de los organismos de control de los recursos del Estado.
Me refiero a las Contralorías y auditorías de todas las instituciones públicas convertidas en verdaderos peajes o negocios con alcaldes, prefectos y comisiones o comités en lugar de facilitar la ejecución de obras se convierten en los nuevos ricos del país.
Por otro lado, la normativa ha impuesto un entramado de responsabilidades tan complejo y rígido que varios delegados o representantes del Ejecutivo en las instituciones ni siquiera son capaces de invertir sus presupuestos asignados por el Gobierno o por la ley y otros que tienen vinculaciones políticas cobran las famosas coimas o vacunas para la aprobación de obras que son de servicio público lo que desincentiva la participación de los funcionarios en cada fase de un proceso de contratación.
Varios informes de Contraloría y auditorías observan que no solo los administradores de contratos evitan involucrarse, sino también quienes suscriben los informes que justifican la necesidad de un contrato, quienes elaboran los pliegos de peticiones o integran las comisiones adjudicadoras y autorizadoras del gasto, como ministros, directores financieros y jefes departamentales con poder o encargados de aprobar o tramitar partidas presupuestarias.
Las responsabilidades no caen solamente en actos administrativos o civiles, sino que en muchos de los casos existe un riesgo legal derivado del Código Orgánico Integral Penal que genera un ambiente de despidos, represalias o sanciones donde los funcionarios incapaces de completar los procesos contractuales se ven obligados a devolver recursos al final del año fiscal.
El otro cuello de botella está en la discrecionalidad de que cualquier persona ajena al proceso o por inclinación política diferente al contratista o a la autoridad nominadora, tienen la puerta abierta a efectuar las impugnaciones contractuales sin presentar pruebas fehacientes de errores administrativos o de supuestos desvíos de recursos, que terminan en litigios o arbitrajes costosos e innecesarios que vienen impuestos en la normativa desde la Administración del ex presidente Correa con la complicidad de los subsiguientes ex presidentes que no les conviene una Administración o un manejo transparente de los recursos impidiendo en algunos casos la mecanización de las etapas de los procesos de adjudicación de obras sea por administración directa o por licitaciones.
En definitiva, la obra pública, lejos de convertirse en el motor y desarrollo de proyectos se han transformado en procesos estancados en la burocracia indolente atrapada en la maraña de trámites y procedimientos donde la voz del ciudadano es ignorada.
Existen más de 100.000 contratos otorgados sin dar cumplimiento a la normativa vigente o que solo benefician a los famosos lobistas o contratistas cercanos a la política del gobierno de turno, en especial en los procesos de contrataciones del sector Petrolero, del IESS, del sector energético, en los organismos seccionales, en los Puertos, en las Comisiones de Tránsito, en el sector educativo, farmacéutico y del sector del Transporte Público a cargo del Ministerio de Obras Públicas que causan vergüenza ajena.
