Los economistas son una conjunción de cientistas políticos y sociales con ponencias sustentadas en base a tesis científicamente probadas. Sus pensamientos, empero, podrían estar anclados en una subyacente cultura proveniente de sus propias raíces y no necesariamente en las ciencias.
La teoría económica de Laffer, por ejemplo, determina que a mayor carga impositiva menor ingresos al fisco. Mientras los economistas de derecha piensan en la libertad del individuo y en la racionalidad del mercado para cumplir tanto con ese individuo como con el Estado, los economistas de izquierda contemplan una supremacía del Estado para que sea este quien entregue al individuo lo que considere pertinente. Laffer carece de peso para estos últimos puesto que el individuo no cuenta frente a la preponderancia del Estado. Para la derecha, sin embargo, el empoderamiento económico del individuo es vital para la consecución de otros objetivos estatales.
De igual manera que un mismo feligrés católico no recibiría una penitencia igual de diferentes sacerdotes confesionales, el individuo tampoco obtendría una misma receta de varios economistas. La diferencia está en que ese feligrés, basado en su experiencia, buscaría al mismo clérigo con las mejores respuestas a sus problemas. Ese feligrés, el individuo, es libre de escoger y en ese acápite el pensamiento de la izquierda estatizante jamás vencerá a la derecha porque la pluralidad como sumatoria de los derechos individuales está intrínsecamente ligada al bienestar de quienes la procuran.
Me llama mucho la atención que una legisladora que nació como política en un partido de derecha (PSC) como Nívea Vélez, haya presentado un proyecto tan draconiano (medida excesivamente severa) y absurdo. Pretender privar de la libertad a un empresario e imponerle una multa brutalmente alta, por el hecho de no afiliar a un trabajador al IESS, que además no cumple adecuadamente con su misión, es un despropósito. Creo que es importante cumplir con ese requisito legal para garantizar el derecho a la salud y otros beneficios, pero debería reglamentarse con medidas más racionales: 1)una advertencia, 2) una multa equivalente a la aportación mensual, 3) Duplicar la multa y 4) finalmente una medida más dura como 3 salarios mínimos o algo así. Pero lanzarse con semejante ley, sería fatal para esa empresa con las consecuencias para todos los empleados.