La discriminación laboral, llámese explotación e injusticia, existe por falta de leyes que condenen el abuso de los empleadores. Este es un dictamen propio de las tesis económicas de izquierda que promueven una redistribución de la riqueza desde el control estatal. Es decir, un Estado intervencionista en la economía sería capaz de eliminar la marginación laboral a través de una estricta aplicación de leyes laborales.
Nada podría estar más equivocado y alejado de la realidad, pero es que esta sustentación denota una solemne exclusión de los más elementales conceptos que rigen sobre el individuo y su toma de decisiones. La discriminación es una latente forma de distorsión social con afectaciones políticas y económicas. En una sociedad con pleno empleo, es decir, con crecimiento económico, los trabajadores tienen amplias libertades para optar por los mejores empleos a las que sus capacidades puedan acceder. Por tanto, la discriminación laboral existe sencillamente por falta de crecimiento económico, mismo bajo un régimen económico de corte estatizante. Cuando la economía crece, la explotación y la justicia no se eliminan necesariamente, pero dramáticamente se reducen, incluso hasta niveles imperceptibles.
La libertad de pensamiento faculta al individuo a someter sus decisiones laborales en pro del mejor futuro económico posible. Es justamente ahí dónde el Estado, por más esfuerzos que realice, jamás podrá doblegar la intrínseca libertad que tiene el ser humano por alcanzar un mejor nivel de vida a través del empleo.
