Indiscutiblemente, los padres luchan por sus familias, y la Corte falla a favor de la distopía. El 28 de noviembre de 2024, por el caso de una niña trans de cinco años en un colegio privado de Salinas, Santa Elena, como reacción a una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional del Ecuador ordenó en su sentencia 95-18-EP/24, a la jueza ponente Alejandra Cárdenas Reyes, a que el Ministerio de Educación diseñe protocolos de acompañamiento al cambio de género.
El presente texto, que consta de 116 páginas, donde la Corte Constitucional sentenció que «la unidad educativa vulneró los derechos de la menor»; un texto que para muchos puede parecer insignificante en 116 páginas, pero resulta ser una patada al precipicio para los jóvenes que realmente queremos un futuro, y no un presente indigno que cada vez nos empuja más hasta el final.
Esta vez, la víctima fue un niño de cinco años, y próximamente, con la Corte Constitucional y los proyectos de la Asamblea Nacional como victimarios, los siguientes en pagar los daños colaterales de la pugna por el poder serán los niños desde el vientre materno. Somos un país que, más que cambios nefastos impuestos, debe defender ante todo sus valores e impedir que leyes destructivas atropellen los derechos de la juventud, porque cuando los padres salen a las calles para trabajar por la educación digna de sus hijos, una pluma y decisiones tomadas en un escritorio exterminan la inocencia, la dignidad y la paz.
Vivimos en una sociedad que en la actualidad se asemeja por completo a un reloj de arena, uno en el que, conforme pasa el tiempo, los jóvenes son quienes se asfixian en este, con la distopía moral y social, que hoy en día es parte de nuestra realidad.
Por otra parte, el impacto de este caso no se debe solamente a la importancia y peligrosidad que almacena en sí, pues ha coincidido con la preocupación que han tenido los padres respecto al Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), mismo que, al igual que el fallo de la Corte, ha generado posturas divididas en la sociedad ecuatoriana, las cuales señalan principalmente el debate generado por temas que se tocan en este, como lo son la adopción homoparental, los cambios de identidad y la discriminación a los infantes que se consideran parte del colectivo LGBT+.
De hecho, el enfoque de la ciudadanía que lucha por la base de los valores era precisamente el COPINNA, mismo que fue aplazado por la Asamblea Nacional el pasado 26 de noviembre del 2024; ahora, con el Caso 95-18-EP, la preocupación aumentó en creces, tanto que como una muestra del contexto corrosivo en el que vivimos, este se ha empleado como un tema crucial para la obtención de simpatizantes por la época de campañas electorales.
Así, se pretende que las niñas pasen de muñecas a anticonceptivos. Para que la Asamblea Nacional apruebe proyectos de ley y/o reformas, se debe considerar el contexto en el que vivimos, pues nuestro país y la sociedad en general se desmoronan sobre los cimientos de nuestro presente y futuro. No es una sorpresa para nadie que la tecnología, ha sido un medio masivo de adoctrinamiento para los jóvenes en lo que a educación sexual respecta, y con esto, darles suministros como anticonceptivos a niños y adolescentes, solo refuerza estas aberrantes enseñanzas, además de la educación sexual por parte de un Estado sometido a la decadencia, tal cual pretende el COPINNA, propuesto por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, presidido por la Asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pierina Correa Delgado.
La misma incertidumbre e incomodidad que se tiene con el caso de la niña trans en Santa Elena, con la coincidencia de que ambos abarcan la ideología de género, se plasma aquí, pues, evidentemente, en lugar de buscar una protección integral, se crea una destrucción moral en la juventud que condena la dignidad, abre las puertas a la delincuencia y mata la inocencia.
El Caso 95-18-EP, en el duro momento por el que está atravesando el país, se ha constituido como una ruptura total que separa al Ecuador en dos posturas: una que lucha por la dignidad y otra que lanza granadas de maldad.
Debe ser el pueblo quien tome estas decisiones, pues son 18 millones de habitantes, con aproximadamente 6 millones de padres que luchan por el presente de sus hijos, contra cinco jueces, en este caso, detrás de un escritorio que manchan su futuro con la tinta de la pluma con que firman la decadencia.
Esto es una lucha en la que nuestra moral debe ser el sostén que nos impida flaquear, pues, a fin de cuentas, nos han demostrado una vez más que el Código de la Niñez y Adolescencia, e incluso la misma Constitución, son las cortinas de humo con que imponen sentencias arraigadas a un “progreso” que, analíticamente hablando, es completamente degenerativo. Con ello, se jactan de hablar de la juventud, lo cual no tiene sentido, considerando que la antítesis del problema es la influencia de la sociedad misma, una que tomó como arma al máximo órgano jurídico, que ahora aprieta el gatillo ante nuestros hijos.
