La concesión del campo Sacha debe ser observado desde lo político, legal y económico.
Estamos cerca de la finalización de un periodo presidencial y de la segunda vuelta electoral en la que el presidente actual es candidato. No se ve bien que un presidente tome decisiones trascendentales a vísperas de la finalización de su mandato y hacerlo siendo candidato para una reelección, indudablemente tiene repercusiones en la forma de votar de los ciudadanos.
La forma como el Gobierno tomó la decisión el viernes 28 febrero 2025, al inicio del largo feriado de Carnaval, llamó la atención. Primero se deshicieron de una veintena de funcionarios de Petroecuador, incluyendo a la gerente general subrogante, para reemplazarlos con personas que estén «alineados todos», en palabras de la Ministra de Energía. Todos alineados significa dispuestos a aceptar la decisión tomada desde las más altas esferas del Gobierno y no necesariamente bien informados como el nuevo gerente general de Petroecuador, que laboraba en Flopec, recién posesionado cuando se tomó la decisión.
Decisión errada desde lo político.
No beneficia al presidente/candidato, ya que el apuro en adjudicar el mejor campo petrolero del país sin licitación (sin concurso de ofertas), puede interpretarse que el presidente tiene encuestas desfavorables para su aspiración de reelección. Además, surgen interrogantes acerca de la motivación detrás de esta apurada adjudicación y los intereses que pueda tener el presidente u otros altos funcionarios que lo conducen a cometer errores.
Para tomar una decisión con repercusión política se debe primero convencer al público que es una buena idea y es beneficioso para el país. El Gobierno hace lo contrario, toma la decisión sin consultar ni explicar a nadie y luego de las reacciones de los ciudadanos trata de convencerlos que es beneficioso para el país y surge en las redes un sinnúmero de «analistas anónimos» con cifras tomadas del tumbado que confunden al electorado, cuando lo importante para el votante es en quién confiar. Hasta ahora no se conoce exactamente cómo está elaborado el contrato.
El consorcio Sinopetrol beneficiado con la concesión del Estado ecuatoriano no es un consorcio estatal, es estatal/privado, compuesto por Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A., subsidiarias de empresas españolas que a su vez son subsidiarias de una compañía estatal china y de una compañía privada canadiense respectivamente, de tal manera que tendrá que ser revisado si esto se rige de acuerdo a la Constitución, así como si califica el término «caso excepcional» para este caso.
Amodaimi Oil antes se llamaba Murphy Ecuador Oil Co., compañía que en 2005 conjuntamente con Repsol se traspasaron el campo Tivacuno, a pesar de que el Procurador General del Estado de 2004 había indicado que no tenían nada que traspasarse puesto que el campo Tivacuno pertenecía al Estado ecuatoriano. Siendo Miembro del Consejo de Administración de Petroecuador me negué a dar mi aprobación a este traspaso, lo que ocasionó que se me removiera del puesto para ser reemplazado por otra persona que inmediatamente dio su aprobación para lograr la unanimidad del Consejo de Administración de Petroecuador en el traspaso del campo Tivacuno de una empresa privada a otra. Es decir, las prácticas del viejo Ecuador, de remover personas para tener «alineados todos», se encuentran vigentes en el llamado Nuevo Ecuador. Petrolia, por su parte, no presenta un historial acrisolado.
CONTINUARÁ…
