Petrolia se llamaba Repsol Ecuador en 2005 y fue el otro protagonista, junto con Murphy Ecuador (ahora llamada Amodaimi) en el traspaso del campo Tivacuno, a pesar de la oposición expresa a este traspaso por parte del Procurador General del Estado de 2004 ya que el campo pertenecía al Estado ecuatoriano y por lo tanto no había nada que traspasarse entre dos compañías privadas. Actualmente Petrolia es la subsidiaria de New Stratus Energy de Canadá.
La mejor forma de saber si la inversión es buena o no, o si existen mejores ofertas en el mercado es poniendo el campo Sacha a licitación, sin embargo, el Gobierno no hace eso sino que busca la forma de evitar el concurso de ofertas en algún artículo de la Ley que se lo permita y encuentra que en casos «excepcionales» se lo puede hacer con una empresa estatal, aunque el Consorcio Sinopetrol no es estatal sino mixto estatal/privado. ¿Qué hay de excepcional a ocho semanas de culminar un periodo presidencial? Es otro error ya que, obviamente, si la rival del presidente gana las elecciones, lo primero que hará será revisar esta concesión y declararla inválida. Esto significaría nuevos litigios contra el Estado, pérdida de tiempo y recursos económicos.
En 2024, la producción petrolera del campo Sacha fue un poco más de 77.000 barriles por día (77.191), el precio del crudo ecuatoriano fue alrededor de $71 por barril ($71.1) por lo que el ingreso anual bruto fue alrededor de $ 2.000 millones ($2.003.228.706), como lo indicó la exgerente general de Petroecuador, Marcela Reinoso.
El costo de producción en 2024 ha sido reportado en alrededor de $7 por barril ($7.16) por lo que el costo de producción anual fue alrededor de $200 millones ($201.731,610).
La renta neta de costos de producción para el Estado en 2024 fue alrededor de $1.800 millones ($1.801.497.095) con una inversión anual de $160 millones.
La inversión de Sinopetrol es de un total de $6.716 millones, que consiste en una prima de $1.500 millones a la firma del contrato, gastos operativos de $3.500 millones e inversiones en el campo por $1.716 millones en el transcurso de 20 años, es decir, $85.8 millones anuales, aunque la inversión actual de Petroecuador en este campo es de $160 millones anuales. Con un poco más de la mitad de la inversión actual, Sinopetrol se propone incrementar la producción de 77.000 a 100.000 barriles luego de tres años de operación.
A cambio de estas inversiones el Consorcio se llevará 87.5% de la producción petrolera del campo, incluyendo la producción actual en la que no ha participado con ninguna inversión, mientras que el Estado ecuatoriano lo ha hecho durante 52 años de operación, ni ha corrido ningún riesgo para llegar a una producción de 77.000 barriles diarios, ni corre riesgo de encontrar nuevas reservas, puesto que la operación es en base a reservas probadas. Ya en el primer año, el Consorcio recibiría $1.575 millones correspondientes a su 87.5%, más que suficiente para recuperar su inversión en la prima para firmar el contrato.
Se habla de creación de 1.000 empleos pero en realidad serán los mismos técnicos que manejan el campo los que continuarán operándolo. Se compara esta adjudicación con la de otros campos en periodos pasados, pero hay una gran diferencia entre contratos de participación, como el que se desea hacer en el campo Sacha, con contratos de servicios en los que se paga un precio fijo por lograr un incremento en la producción.
No encuentro beneficioso para el país entregar al Consorcio Sinopetrol 87.5% de nuestra producción existente. El campo Sacha ya produce 77.000 barriles diarios sin la participación del Consorcio. Se podría entender que se comparta la producción del incremento de 77.000 a 100.000 barriles. Más aún, entregar nuestro crudo a este Consorcio significa que tendremos que comprarle nuestro propio crudo ya que el Campo Sacha abastece con carga para las refinerías Esmeraldas y La Libertad. Esto incrementa nuestro riesgo de refinación y de abastecimiento de derivados para el consumo nacional e incluso incrementaría nuestro costo de refinación y por lo tanto el precio de los derivados, como gasolina y diésel. Sin tener ninguna otra oferta actual para comparar, es evidente que entregar nuestro crudo y nuestra renta petrolera actual a un consorcio extranjero no es una propuesta atractiva.
Se intenta justificar la entrega de nuestros recursos estratégicos indicando que no hay plata. Pero esto es una falacia ya que sí hay plata, en recursos (activos). El efectivo (cash) se lo consigue con préstamos, sustentados en los recursos que tenemos (colateral), en este caso las reservas de alrededor de 375 millones de barriles de crudo que al precio por barril en 2024 de $71.10 es equivalente a cerca de $27.000 millones en el subsuelo, cifra que aumentaría a más de $29.000 millones si se añaden las reservas de gas, y que equivale a un valor presente neto de cerca de $15.000 millones, lo que es más que suficiente para obtener préstamos de $6.716 millones en el transcurso de 20 años. Esta alternativa es mucho mejor que entregar la producción de Petroecuador actual que ha sido incrementada de 63.000 a 77.000 barriles diarios desde 2021.
La joya de la corona no está oxidada y existen alternativas para mejorar la producción existente con propios recursos del Estado o contratando los servicios de una empresa petrolera para que incremente la producción de 77.000 a 100.000 con un pago fijo o compartiendo el excedente de la producción petrolera.
Debido a la reacción y presión de la ciudadanía, el presidente Noboa estableció una fecha límite (11 marzo 2025) para que el Consorcio entregue al Estado la prima de $1.500 millones y firmar el contrato. Se puede interpretar esta decisión como una medida desesperada para salirse del contrato y mitigar el desgaste político causado, ya que al parecer el Consorcio no dispondría de esa cantidad de dinero en tan corto plazo. Esto sería lo mejor que podría suceder por el bien de nuestro país, pero el autoinfligido daño para Noboa está hecho.
