Pongamos en contexto este tema que avergüenza al Ecuador.
El caso Metástasis estalló en diciembre de 2023 tras un megaoperativo nacional que logró la detención de exautoridades judiciales, carcelarias, empresarios, abogados, miembros de la fuerza pública y líderes de bandas, considerado como uno de los más grandes en la historia de Ecuador contra la corrupción y el narcotráfico, donde la narcopolítica ha permeado las fibras más sensibles del país.
La fiscal general, Diana Salazar, puso de cabeza a Ecuador con el caso Metástasis, una investigación que puso rostro a los nexos existentes entre el narcotráfico y el sistema de justicia, las cárceles, la Policía y la política.
El extenso operativo, con 75 allanamientos en siete provincias, involucró alrededor de 900 agentes fiscales y policiales, y al menos 38 personas investigadas. El operativo fue fruto de una investigación de más de un año, a partir de los chats obtenidos de los celulares del narcotraficante Leandro Norero, alias ‘El Patrón’.
La sentencia del caso Metástasis:
El 26 de noviembre de 2024, el Tribunal de la Corte Nacional, presidido por Mercedes Caicedo, dio a conocer la sentencia del caso Metástasis y, 85 días después de que se diera a conocer la resolución oral, el 18 de febrero de 2025, el Tribunal de juicio del caso Metástasis notificó la sentencia por escrito.
Los 20 condenados, que van desde los 10 años hasta los tres años y cuatro meses, podrán apelar ese fallo, porque todavía no está en firme.
En la sentencia por escrito, que tiene 2.985 páginas, el Tribunal también cifró la reparación integral que deberán pagar los condenados. Entre todos —de manera solidaria— deberán cubrir un valor de USD 4 millones, aunque no se aclara si el pago será ponderado de acuerdo con el grado de participación en el delito.
¿Cómo se descubrió esta delincuencia organizada infiltrada en el Estado ecuatoriano?
- La fiscal general puso rastro a los nexos existentes entre el narcotráfico y el sistema de justicia, las cárceles, la policía y algunos políticos, con 75 allanamientos en siete provincias que involucraron a cerca de 900 agentes fiscales. La investigación pericial comenzó con el teléfono de Leandro Norero, el traficante denominado ‘El Patrón’.
Los cabecillas más visibles en este escándalo que avergüenza al país son los siguientes:
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Wilman Terán, en ese tiempo presidente del Consejo de la Judicatura.
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El general Pablo Ramírez, que en esa época estuvo al frente de la Policía Antinarcóticos y del SNAI.
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Xavier Novillo, alias ‘Novita’, exabogado del narcotraficante Leandro Norero.
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18 personas más están en la lista de condenados.
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Los chats periciados revelan que se compraban jueces con dinero y mujeres para la obtención de Habeas Corpus y otros recursos judiciales.
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Pagos exorbitantes a oficiales de la Policía con vehículos de alta gama, el pago de cuentas y deudas por la realización de operativos falsos, ocultamiento de información relevante de las mafias, manipulación de informes sobre el lavado de dinero en favor de Leandro Norero, narcotraficante y financista de grupos delictivos del país, que fue uno de los que murió durante la masacre que se registró el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga.
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En las conversaciones de Norero y Daniel Salcedo, se revela la orden de asesinar a Harrison Salcedo, con nexos con la pandilla de los Choneros, en coordinación con el delincuente alias Fito, prófugo de la justicia.
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Se evidencia en los chats la orden de seguimiento a los pasos de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, que fuera asesinado en Quito en un mitin político.
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Nexos de Norero con políticos activos, en los que se planificaba delitos contra la administración pública a través de entidades como el Municipio de Manta, en coordinación con el exalcalde Intriago, que fue asesinado a mediados de 2023, entre otros.
En definitiva, con los casos Metástasis, y los casos Purga, Plaga y Encuentro en proceso de sentencia, la Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción judicial que operó con la participación de jueces, fiscales, abogados, policías y empresarios, con el fin de lograr la impunidad. Y demostró la podredumbre de nuestra administración de justicia ecuatoriana, que se pide a gritos: ¡No más impunidad!
Fuente consultada: Primicias y página web de la Fiscalía General del Estado.
Un buen seguimiento. Valdría la pena que lo hiciera con los otros casos para el conocimiento general. Ojalá que ayude a quitar la venda a una gran porción de ecuatorianos, por eso debe difundirse estos casos.