Pongamos en contexto el tema. En economía se conoce como esquema de pirámide o esquema piramidal de negocios, en el cual los participantes tienen que recomendar y captar (referir) a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales.
Un esquema piramidal solo puede mantenerse mientras existan nuevos participantes en cantidad suficiente. Cuando la población de posibles participantes se satura, los beneficios de los participantes originales disminuyen y la mayoría de los participantes terminan sin beneficio alguno tras haber financiado las ganancias de los primeros.
Este tipo de sistema se considera ilegal en muchos países, como Alemania, Australia, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Irán, Japón, Malasia, México, Nepal, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Tailandia y Venezuela.
El escándalo Milei
En mi opinión, todo el esfuerzo de sacar a la Argentina de la ruina económica lo borró de un solo plumazo con esta estafa piramidal de la Libra.
El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en su cuenta personal en X, en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $Libra. Este proyecto privado se dedicaría a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Tras este aval, la capitalización de mercado de la criptomoneda llegó a trepar por encima de los US$4.000 millones, impulsada por unos 40.000 compradores, según los expertos.
Sin embargo, en apenas unas horas, el valor de $Libra se desplomó. Ocurrió luego de que un pequeño grupo de billeteras digitales retirara cerca de US$90 millones, más del 80% del dinero circulante.
¿Cuáles son los implicados?
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El «patrocinador principal» de $Libra es Julián Peh, un emprendedor tecnológico de Singapur, fundador de Kip Protocolo, quien también se reunió con Milei en octubre de 2024. En cuanto al repentino desplome del criptoactivo, los patrocinadores de la criptomoneda responsabilizaron al presidente Milei por haberle quitado su apoyo al proyecto, restándole credibilidad.
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El impacto político y legal. Apenas explotó el escándalo, sectores de la oposición presentaron varias demandas judiciales contra el presidente Milei.
Según la denuncia penal, Milei habría integrado una «asociación ilícita» que estafó «a más de 40.000 personas con pérdidas de más de 4.000 millones de dólares». La jueza encargada del caso Milei acumulará la demanda original con otras que se presentaron a fines del mes de febrero de 2025 contra el presidente Milei por los presuntos delitos de estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la ley de ética pública.
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Los vínculos cripto de Milei
Hace mucho tiempo que Javier Milei se muestra partidario de las nuevas monedas digitales y no es el único mandatario que las apoya.
Nayib Bukele
En 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el Bitcoin, la criptomoneda originaria, como moneda de curso legal, tras una ley impulsada por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el criptoactivo dejó de ser moneda oficial por presiones del FMI en enero de 2025, en medio de negociaciones entre el país y el Fondo Monetario Internacional, que puso como una de las condiciones para otorgarle un préstamo a la nación de El Salvador.
Donald Trump
Otro presidente cercano a Milei también es partidario de los criptoactivos, a tal punto que lanzó su propia moneda denominada el $Trump, el pasado 17 de enero de 2025, tres días antes de asumir la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. El lanzamiento generó un escándalo, ya que, como ocurre ahora con el $Libra, esta unidad de valor aumentó de precio un tiempo para luego desplomarse, según informó el diario The New York Times.
Lo cierto es que Milei equivocó su política. Todo el esfuerzo que venía haciendo para cambiar el modelo económico lo borró de un plumazo con el escándalo de la criptomoneda Libra, corriendo el riesgo de ser llevado a juicio político por su presunta participación en una «mega estafa», involucrando de paso a la Superintendencia de Bancos por su falta de control.