Pongamos en contexto el tema partiendo de nuestra propia Constitución de la República, que, a pesar de ser la norma más violada, es lo que da la tierra y hay que respetarla.
El artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado tiene el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, y debe hacerlo de acuerdo con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.
¿QUÉ OPINA LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL PAÑUELO?
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La Corte Constitucional interpreta que estos artículos distinguen la gestión de la administración, regulación y control por parte del Estado, y determina el rol de las empresas públicas delegatarias de servicios públicos o sectores estratégicos. Los bienes considerados de exclusiva administración estatal son considerados como sectores estratégicos.
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Entonces, surge la pregunta: si el Estado es el que regula las formas de autorización o delegación a sectores privados de la gestión con más eficiencia, ¿cuál es el problema?
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La norma del Art. 313 no se está vulnerando, es decir, no se está privatizando el servicio petrolero, que seguirá regulado por el Estado.
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En el mundo entero, un proceso de privatización está más vinculado al objetivo de sanear las finanzas públicas, pues se piensa que la venta de las empresas públicas podría generar flujos de divisas para cubrir el servicio de la deuda y, con ello, liberar recursos para poder equilibrar dichas finanzas.
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Y el tema, en mi opinión, es las formas de cómo entregar la administración del campo Sacha en el espíritu de la Constitución y la ley. Lo normal es una licitación abierta y competitiva, porque, si bien el Gobierno no tiene los recursos necesarios y Sacha requiere inversiones técnicas avanzadas de recuperación secundaria y terciaria, además de la perforación de pozos profundos, la duda surge cuando varias organizaciones de trabajadores petroleros lanzan un comunicado de que se está «feriando» el campo Sacha a través de una privatización y presentan un recurso jurídico denominado «Acto Urgente» en la Fiscalía.
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En mi opinión, las siguientes son mis dudas y pocas certezas que debe explicar el gobierno para haber procedido a adjudicar o delegar este campo a las empresas privadas sin licitación:
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La producción diaria de barriles llegó a 76,980 millones de dólares en 2024, lo que, frente a la producción total del país, representa el 16%. De ser comprobados y oficiales estos datos, la producción diaria del campo Sacha no es deficitaria.
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Las inversiones de Petroecuador en el campo Sacha suman 1,743.8 millones de dólares, con un promedio de 158.5 millones anuales, y la estatal petrolera ha ejecutado el 81%. Por lo tanto, tampoco habría la cantaleta de ineficiencia.
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La calidad del petróleo de Sacha. Una de las características es su alta calidad de petróleo, que se destina a las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Este campo produce un crudo tipo Oriente, con entre 25 y 26 grados API, superior al promedio nacional de 23 grados API. Por eso, existe el interés de empresas internacionales de China y Canadá.
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Intentos fallidos de concesionar el campo Sacha. Los tres gobiernos anteriores intentaron concesionar el campo Sacha, desde Correa, Moreno y Lasso, en favor de una empresa china y de Estados Unidos, sin concretarse.
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¿QUÉ OFRECE EL CONSORCIO EXTRANJERO DE CHINA Y CANADÁ? La extracción petrolera por 20 años, entregar un bono de adelanto de 1,500 millones de dólares, con un promedio de 87.5 millones de dólares al año.
CRITERIO PERSONAL
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Los procesos de privatización de las empresas públicas no han tenido los resultados que se buscaban. Es decir, no mejoran la administración de esas unidades económicas, ni tampoco se puede dar por sentado que con la privatización se va a generar un ambiente de mayor competencia. Al contrario, la concentración del capital privado transforma los monopolios estatales en monopolios privados.
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La privatización no conduce a mejoras en el comportamiento de las finanzas públicas, pues los efectos solo son mejoras a corto plazo, con el agravante de que se regresaría a una situación similar en condiciones de desventaja, con menor cantidad de activos y con una cantidad de pasivos similar o mayor a la de la década de los ochenta, cuando se privatizó parte del sector petrolero en Ecuador.
EL ACTO URGENTE EN FISCALÍA
Y para sacarnos de dudas, es el ACTO URGENTE que se presenta en la Fiscalía, que afirma que hubo cambios de última hora en el contrato de delegación que prevé la Constitución, o si es una verdadera privatización disfrazada de delegación, porque, según organizaciones sindicales del sector petrolero, al no existir ningún tipo de licitación, se corre el riesgo de que la mayor parte de la producción petrolera vaya a la empresa privada. Esos ajustes de última hora son lo que no cuadran.
