Pongamos en contexto el tema que traté en mi video El nuevo rol de los abogados, cuando aún no teníamos vigente el uso de la inteligencia artificial. Por este motivo, en mi viaje a Europa en octubre de 2024, en la Universidad de Navarra, pude cerciorarme de que puede ser una herramienta útil para nuestra denigrante administración de justicia ecuatoriana.
Antecedentes
En América Latina, los sistemas judiciales están al borde del colapso. Según el World Justice Project, países como México, Brasil o Colombia tienen tasas de resolución de casos que oscilan entre el 30 % y el 50 % en cortes penales, con procesos que pueden durar más de cinco años.
En Perú, por ejemplo, el 78 % de los jueces admite que la carga laboral les impide analizar los expedientes con la profundidad necesaria. La lentitud judicial no es un mal menor. Cuando un caso tarda una década en resolverse, ¿qué queda de la justicia para quien la espera? Esto no es solo un tema de recursos: es un problema estructural. Y en Ecuador, la justicia funciona a la carta política, y las causas que no tienen padrinos terminan en el archivo. La paradoja es clara: mientras los jueces y fiscales, defensorías públicas, del pueblo, y colegios y federaciones de abogados se ahogan en papeles, las víctimas esperan décadas.
¿Y si la IA escribiera las sentencias? ¿Qué pasaría si delegamos a las máquinas?
¿Por qué no dar el salto delegando ciertos procesos a la IA?
Imaginemos por un momento un sistema judicial donde los casos no se acumulen durante años, donde las personas no envejezcan esperando una respuesta, y donde los jueces puedan enfocarse en lo esencial: interpretar la ley con profundidad, sin ahogarse en trámites. Donde no se me deniegue justicia ni se me impida el libre ejercicio profesional del Derecho. Suena irrealizable, ¿verdad? En esta era de la inteligencia artificial, todo es posible, ya que esta tecnología nos ofrece herramientas para avanzar hacia ese escenario.
Hablamos de inteligencia artificial, sí, pero no como un reemplazo de la humanidad en la justicia, sino como un recurso estratégico fundamental para alcanzar una verdadera modernización del sistema de justicia.
Después de todo, confiamos en algoritmos para operar corazones o invertir millonadas, pero les negamos acceso a los tribunales. ¿Es miedo a lo desconocido o comodidad con un sistema que solo beneficia a quienes pueden esperar o a quienes manipulan la justicia, incluyendo a jueces, fiscales y al Consejo de la Judicatura, con su enorme aparataje en infraestructura física y de personal? Este es un debate que, en América Latina especialmente, no se puede seguir evitando.
En otras palabras, ¿qué duele más a la democracia? ¿Los temores o errores de la IA, o el statu quo de los sistemas judiciales ecuatorianos?
La desconfianza en la justicia en Ecuador es un cáncer que se extiende: si los ciudadanos creen que los jueces y fiscales son corruptos, dejan de creer en las instituciones, en las leyes y, finalmente, en la democracia, con un sistema electoral tuneado.
La IA, con sus límites éticos y técnicos, al menos ofrece una promesa: convertir la justicia en un proceso menos arbitrario y más predecible. No es perfecta, pero sí es mejor que un sistema colapsado, lento, burocrático y, digámoslo sin tapujos, en muchas ocasiones corrupto como el ecuatoriano.
Si queremos rescatar la credibilidad de la justicia en América Latina, no basta con capacitar jueces y fiscales, personal de operadores de justicia o aumentar presupuestos. Hay que apostar por herramientas que obliguen a la transparencia, incluso si eso implica soltar un poco el control. Después de todo, ¿qué pierde un sistema judicial que ya está en terapia intensiva como el ecuatoriano?
Mientras en algunos países comienzan a automatizar trámites, aquí en Ecuador seguimos resistiéndonos al cambio, llenándonos de reformas legales y de procedimientos inaplicables, con defensorías públicas y del pueblo, y colegios y federaciones de abogados convertidos en clubes de amigos.
Pero ¿cuántas personas ven vulnerados sus derechos mientras esperan una resolución que nunca llega? O, peor aún, llega, pero viciada de antemano porque aún el control constitucional de la Corte del Pañuelo tiene un tufo político en sus dictámenes.
América Latina es la región con menor confianza en su justicia a nivel global. Según el Latinobarómetro 2023, solo el 25 % de los ciudadanos ecuatorianos cree que los tribunales son imparciales, y el 75 % considera que los jueces, fiscales y operadores de justicia actúan por intereses políticos o económicos protervos.
En países como México, Guatemala, Perú y Ecuador, los escándalos de corrupción judicial no son excepciones, sino patrones: jueces y fiscales que liberan narcos por dinero, magistrados que venden fallos, expedientes que «desaparecen» ante presiones de poder. Esto no solo violenta el Estado de derecho, sino que dinamita la democracia.
Al estandarizar procesos y reducir el margen de discrecionalidad humana, la IA limita los espacios para el «acuerdo informal». Un juez o fiscal corrupto tendría que justificar por qué modificó un borrador generado por IA, qué artículos legales omitió o qué precedentes ignoró.
No se trata de eliminar el criterio judicial, sino de hacerlo visible, debatible y, sobre todo, verificable. Claramente, la IA no resolverá todos los problemas de los sistemas de justicia, pero sí puede ser un aliado fundamental para alcanzar cambios profundos y significativos.
La IA como aliada, no como juez
Pensemos en la redacción de sentencias de algunas causas que, en Ecuador, han vuelto a la era del pendrive. Hoy, un juez o fiscal invierte semanas, meses —hasta años— en documentar antecedentes, contrastar leyes y estructurar argumentos. Si un juez o fiscal pasa el 80 % de su tiempo investigando y redactando, y el 20 % pensando, algo está mal. ¿No es hora de priorizar la calidad del fallo sobre la burocracia del proceso? ¿Qué pasaría si la IA generara un borrador inicial con base en datos jurídicos, jurisprudencia y pruebas del caso? En lugar de que el juez o fiscal tome meses o años en hacerlo, podríamos dejar que la IA “haga su magia” y emita una sentencia preliminar, la cual será revisada y analizada por los magistrados.
De esta manera, los jueces y fiscales podrían dedicar su tiempo a lo verdaderamente estratégico e importante: cuestionar el borrador, ajustar matices, detectar inconsistencias y garantizar que la decisión final sea justa. Imaginen el tiempo que se ahorraría con este enfoque: mayor eficiencia, menos retrasos y una justicia más ágil y accesible. Un sistema de IA entrenado con datos públicos y protocolos auditables obligaría a los jueces y fiscales a trabajar sobre un borrador basado en hechos, no en favores que terminan en juicios de influencias políticas que nos llevan a la impunidad. Registraría cada ajuste hecho al texto original, creando una trazabilidad imposible de ignorar. ¿Podría manipularse la IA? Por supuesto, pero sería mucho más fácil detectarlo: los algoritmos dejan huellas; los acuerdos bajo la mesa, no. Solo dejan chats, audios y videos no periciados y convertidos en montajes.
Mitos e innovación judicial
El temor a que los jueces y fiscales deleguen su responsabilidad en algoritmos es comprensible, pero se basa en una premisa equivocada: asumir que la IA operaría sin supervisión. La propuesta no es automatizar el fallo, sino agilizar su construcción técnica. Un borrador generado por IA sería como un mapa dibujado por un asistente: el juez y el fiscal seguirían eligiendo la ruta. Además, esto permitiría estandarizar criterios en sistemas donde, hoy, resoluciones similares tienen conclusiones y jurisprudencia opuestas por la presión del tiempo o la fatiga humana.
Por otro lado, la IA podría ayudar a resolver casos menores (ej.: cobranzas, tránsito, alimentos y todo tipo de contravenciones, incluyendo un nuevo sistema de flagrancia penal) que hoy consumen el 60 % del tiempo de los jueces y fiscales en países como Ecuador. Liberarían espacio para abordar delitos complejos, como corrupción o crimen organizado y violencia familiar, que requieren análisis profundo. Además, reduciría la tentación de atajos peligrosos, como sentencias predefinidas por presión institucional.
A pesar de los evidentes beneficios, los colegas abogados de la vieja guardia y cientos de operadores de justicia de carrera —entre comillas— en Ecuador ven la automatización como una amenaza a la esencia “humana” de la justicia. Sin embargo, cuando los tribunales están saturados, ¿no es más inhumano condenar a las personas a la espera eterna?
Menos tiempo en trámites, más en justicia
La meta no es que las máquinas suplanten a los jueces, fiscales, Consejo de la Judicatura, etc., sino que les permitan hacer mejor lo que supuestamente solo ellos pueden: juzgar con sabiduría y honestidad política. Ver mi video El nuevo rol de los abogados en youtu.be.
