Las misiones tanto de las FF.AA. como de la Policía están claramente señaladas en la Constitución. El Art. 158 “La protección interna y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional”. La palabra privativa según el diccionario de la RAE: “Propio y peculiar singularmente de alguien o algo, y no de otro”, esto aclara perfectamente la misión policial, el resto son manipulación y juego de palabras. No sólo que se está violando la Constitución, sino otras leyes, me refiero a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Art. 35, que dice que una vez que el gobierno ha decretado el estado de excepción y por ende, la movilización de las FF.AA. éstas actuarán en apoyo de la Policía.

Jamás los militares han estado ajenos al control del narcotráfico, del crimen organizado, del tráfico humano, de armas, de combustibles, etc. Las FF. AA. han colaborado en labores de inteligencia para prevenir y neutralizar acciones delictivas; además, permanentemente realizan operaciones de interdicción marítima y área y vigilancia de las fronteras, espedialmente la del norte.

El presidente Correa ha anunciado que las Fuerzas Armadas entrarán en un proceso de modernización. Toda institución requiere ponerse a tono con los signos de los tiempos; las nuevas tecnologías, armamentos sofisticados, nuevas amenazas, nuevos escenarios, etc., exigen cambios cualitativos y cuantitativos dentro de las Fuerzas Armadas.

Con seguridad se habrán hecho estudios prolijos que le permiten al Presidente anunciar al país la reducción de 42.000 a 34.500 uniformados, en un proceso paulatino que durará hasta el año 2025; igualmente, que el número de unidades, 430 según él, serán reducidas y que “pasarán a estar estratégicamente ubicadas y equipadas”; estas decisiones estarán respaldadas por un estudio detallado que, con seguridad, le habrán presentado los mando militares.

En el 2012, el fallo del Tribunal de La Haya, en torno al diferendo entre Colombia y Nicaragua, por la islas San Andrés y Los Cabos, ubicadas en las costas cercanas a Nicaragua, es aleccionador. Así como Chile, Colombia sostenía que ‘históricamente’ y por un tratado con el dictador Somoza, esa zona le pertenecía. Pero La Haya falló a favor de Nicaragua, aunque dejó a Colombia la Isla San Andrés. Colombia se negó a acatar el fallo. pues si accedió a la mediación, debió aceptar el fallo. Esta actitud es diferente en el caso Perú-Chile; el gobernante chileno acató la decisión arbitral del Tribunal de La Haya, de esa manera quedó zanjado el contecioso de los límites marítimos entre estos dos países.

Las relaciones de poder e influencia en determinadas circunscripciones regionales se miden por los conflictos que puedan presentarse y los que históricamente se registraron en el campo bilateral y multilateral con los países fronterizos y otros Estados; con los cuales de acuerdo a las diferentes relaciones políticas, económicas y sicosociales se pueden vislumbrar diversas posiciones que permitan establecer la dimensión del poder militar, para resguardar la integridad territorial y la soberanía dentro de los límites de cada país, los cuales comprenden además del territorio continental, las aguas adyacentes a las costas de su litoral y su espacio aéreo.

En el mes de junio de 2011, Javier Ponce, en ese entonces Ministro de Defensa, en su visita a España en una reunión con su par española señaló: “Ecuador está ‘muy interesado’ en crear en el seno de su Ejército un contingente similar a la Unidad Militar de Emergencia de España (UME) de cara a futuras ‘catástrofes naturales’ y ‘seguridad ciudadana”. Estas declaraciones fueron extrañas, toda vez que en nuestro país, antes de la revolución, existió la Defensa Civil -otra institución borrada del mapa- como una organización a nivel nacional; con autoridades civiles y militares y que tenía como misión “…ejecutar acciones permanentes de protección a la población y sus bienes: antes durante y después de un desastre originado por fenómenos de la naturaleza o por efectos derivados de la intervención del hombre”; de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional derogada y cambiada por otra que es simplemente una mala copia de ésta.

El proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Personal de las FF.AA., enviado a la Asamblea por el Presidente Correa, dispone que se derogue el Art. 45 de la Ley de Personal de las FF.AA., el cual se relaciona con los cargos de edecanes del Presidente de la República, del Vicepresidente, de los Presidentes de la Función Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia.

En dicho proyecto simplemente se establece, sin mencionarlo, que los edecanes de las principales autoridades no son necesarios; se esgrime, entre otros motivos, que de acuerdo a la Ley Órganica de la Defensa Nacional, el representante legal de las FF.AA es el Ministro de Defensa, sin duda que así lo es. La presencia del edecán es una representación simbólica, una demostración de la subordinación de las FF.AA. al poder civil,. legítimamente constituido.

En toda la vida republicana de nuestro país, los oficiales de las Fuerzas Armadas, han sido ascendidos mediante Decreto Ejecutivo; en este gobierno ya se reformó la Ley de Personal, se estableció que sólo los Coroneles y Generales serían ascendidos mediante decreto ejecutivo; sin embargo el Presidente ha enviado a la Asamblea un nuevo Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las FF.AA.

En la exposición de motivos el Presidente Correa, señala que la reforma realizada a la Ley de Personal de las FF.AA., mediante la Ley No 32, no fue suficiente, por cuanto se estableció que, únicamente determinados grados militares serian conferidos mediante Decreto Ejecutivo, en virtud de esta situación, es necesario limitar al mínimo indispensable la carga administrativa que tiene el Presidente, puesto que la expedición de Decretos Ejecutivos, la mayoría de veces, si no la totalidad, constituye un formalismo innecesario, que en el caso que nos ocupa, es y debe ser decidida por los propios mandos de fuerzas.

Un manual sobre seguridad podría comenzar diciendo que, en relación con sus hipótesis de conflicto, un país tiene dos maneras de estar en peligro: una, por la fortaleza de la presunta amenaza; otra, por debilidad de la propia defensa.

El Presidente Correa como es de costumbre, a través de las sabatinas, anunció un plan para la reducción del gasto y el tamaño del personal de las FF.AA. con el envío a la Asamblea del IV libro del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Con este proyecto, el personal militar podrá ser transferido a las llamadas entidades complementarias de seguridad ciudadana las cuales se dividirán en dos, las que dependen del Ejecutivo, que son: Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y Guardia Nacional Ambiental, y las que dependen de los municipios: Policía Municipal o Metropolitana, Agentes Civiles de Tránsito y Cuerpo de Bomberos.

El 25 de febrero de 2012, diario El Universo publicó un texto titulado “Correcciones y aclaraciones”, a pedido del entonces Ministro de Defensa Javier Ponce, en la cual se refería a la publicación del 13 de febrero de 2012, de ese mismo diario, titulada “Marinos frenan examen de Contraloría en Petroecuador”, que se relaciona con el examen especial que la Contraloría realizó sobre el pago de liquidaciones al personal de la Marina, elaborado en Petroecuador entre noviembre del 2007 y julio del 2010.

La publicación, pedida por Ponce, señala que la información hecha por El Universo “provoca una opinión equivocada y lastima el prestigio, profesionalismo y honra de dicho personal, (…); por tanto es improcedente y atentatorio a los derechos y garantías del personal militar”.

“NO”, es el título de la película, del director chileno Pablo Larraín, basada en la obra de teatro inédita “El Plebiscito”, del escritor chileno Antonio Skármeta y su posterior novela “Los días del arcoíris”, se trata de la convocatoria a plebiscito por parte del General Augusto Pinochet, quien había llegado al poder de Chile a través de un cruento golpe militar, en 1993.

Pinochet pretendió legitimar su continuación en el poder mediante una consulta popular; sin duda, el gobierno tenía completamente asegurado el triunfo; el uso de toda la logística del Estado, la propaganda incesante, las autoridades de todos los niveles en campaña por el “SI”, por lo tanto no había el menor resquicio de un “revés”. Quienes estaban por el “NO”, es decir en contra de la continuación del régimen de facto, era una amalgama de partidos, movimientos de todo tipo, con ideologías diferentes, era difícil que se pusieran de acuerdo. Se sumaban dos factores importantes: la falta de recursos y el miedo a las represalias.

El 3 de mayo de 2007, el Presidente Correa creó la Comisión de la Verdad, para investigar supuestas violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte activa de Alfaro Vive Carajo (AVC), Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de los miembros del grupo subversivo. Este comité, a las claras, se constituyó en “juez y parte”.

La Comisión de la Verdad debió incorporar como parte del proceso de investigación los libros: “Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, Democracia y Dictadura” del colombiano Darío Villamiza, representante del grupo subversivo M-19 y “AVC. Revelaciones y Reflexiones sobre una Guerrilla Inconclusa”, de Juan Fernando Terán, miembro activo de AVC. En estos libros se publican los testimonios, con lujo de detalles, de los miembros de AVC y otros grupos subversivos que cometieron asesinatos, asaltos, robo de armamento, secuestros, etc.