Con todo el escándalo generado por el caso Correa Vs. El Universo y compañía, ¿alguien ha prestado atención a lo que ha estado sucediendo en Washington D. C.? Teniendo dólares americanos como moneda de curso legal, creo que esos líos políticos económicos deberían interesarnos a los ecuatorianos.

El Legislativo y el Ejecutivo americanos están enfrascados en una pelea que, de no haber llegado a un acuerdo cierto y viable (quizá), pudo ocasionar que el gobierno federal de Estado Unidos de América, la aun primera economía del mundo, entre en suspensión de pagos a sus acreedores, es decir, default.

El gobierno federal, por ahora demócrata, ha venido impulsando una política de gasto público con la intención de estimular la economía americana que después del gobierno de George W. Bush (y su impresionante gasto nacional casi ilimitado), se ha visto en serios aprietos. La política demócrata del supuestamente estimulante gasto público ha causado un enorme déficit fiscal que alcanza el 10% del PIB americano, lo cual ha alimentado una deuda que llega al 100% de ese mismo producto interno. Según BBC la deuda alcanzó los US $14 BILLONES el 16 de mayo pasado. El panorama es sombrío económica y políticamente para el inquilino de la Casa Blanca.

Yo no quisiera ser Melvin Hoyos Galarza en estos momentos. Su nombre y él mismo están en boca de todos como cucaracha en pico de gallina. Si Melvin y quienes le rodean en el Museo Municipal de Guayaquil fuesen un poco más inteligentes, con abrir una ala para arte especial en el afamado Salón de Julio, se hubiesen ahorrado toda esta trifulca moralista. El arte no puede reprimirse ni puede definirse como un concepto objetivo. El arte se expresa libremente: su impacto es emocional, y luego esa emoción inicial nos invita a reflexionar en razón. Pero el puntillazo inicial es sentimental, la emoción que el artista pretende arrancar de su público con su obra. De seguro Melvin conoce esto, por algo es director municipal de cultura, ¿verdad?

Pero hoy he decidido en esta columna darle una mano al atribulado amigo Hoyos. Sin ánimo de apagar el sanísimo debate que se ha abierto en GYE sobre la libertad de expresión artística en un concurso se supone libre, quiero compartirles una emoción muy dulce que sentí hace unos días.

Días atrás Lourdes Tibán, asambleísta andina, mantuvo una reunión en el Club de La Unión de Guayaquil con varios miembros de esa sociedad. Los motivos los desconozco; mas, una reunión de este tipo me ha generado un cortocircuito regional que no puedo contener.

¿Cuándo las élites guayaquileñas perdieron el norte cívico? ¿No tenemos en Guayas figuras que permitan a las élites organizar y financiar agendas políticas serias? Con los políticamente inquietos de César Monge Ortega y Guillermo Lasso Mendoza al parecer no basta: hay que ir a buscar a Cotopaxi.

Lourdes Tibán Guala, dirigente indígena y asambleísta de los registros de Pachakutik, ha alcanzado algo de fama debido a sus floridos epítetos y las rocambolescas broncas verbales que suele protagonizar con los políticos de turno. ¿Luego de las palabras graciosas y adjetivos recargados, qué más hay en ella? El siempre retórico discurso político ecuatoriano históricamente nos abruma con sus calificativos hechiceros y escandalosos, sin permitirnos esa bulla, debatir una sola idea eficiente que signifique institucionalidad como país. ¿Conversaron sobre esto con la asambleísta Tibán en el Club de La Unión? ¿Definieron agenda electoral para que Guayaquil y Guayas sea sostén electoral de Tibán?

El estado de excepción en el Ecuador es una medida constitucional que permite al Presidente de la República declarar la grave alarma para el orden público que comporta una situación inesperada, suspendiendo el ejercicio de determinados derechos. La redacción de los artículos 164 y 165 de nuestra Constitución son suficientemente claros como para entender los motivos que configuran un estado de excepción, las limitaciones que conlleva su declaratoria y las opciones de acción que tiene el Presidente de la República al momento de decretarlo.

El 20 de mayo de 2011, Rafael Correa Delgado emite el decreto ejecutivo No. 783, mediante el cual declara el estado de excepción en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, ubicados en la provincia de Esmeraldas. El objetivo del decreto es prevenir, cesar y eliminar las actividades de minería ilegal que se desarrollan en esos cantones esmeraldeños.

La participación ciudadana ha sido elemento importante dentro del discurso electoral y de plataforma política de Alianza País y su único líder, Rafael Vicente Correa Delgado. Ellos han esgrimido que la participación ciudadana es la respuesta a la crisis del método de democracia representativa, sistema que ha apartado al ciudadano común de los centros de toma de decisiones nacionales o locales. Este postulado de la democracia plebiscitaria es fundamento, también, de la consulta popular del 7 mayo próximo.

Súmmum de esta participación ciudadana, método de participación democrática directa, es el llamado quinto poder, la Función de Transparencia y Control Social, personificada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La Constitución de Montecristi del año 2008 puso en vigencia esta novedad. Al año 2011, ¿ha dado algún resultado esa invención? Veamos.

He decidió compartir mis reflexiones de por qué votaré NO en cada una de las preguntas que en mayo se nos consultará en urnas. A saber:

1. Creo es la menos inocente de las preguntas, pues a todas luces aquí se quiere reparar un olvido de los asambleístas constituyentes en Montecristi. Al redactar la Constitución del año 2008, olvidaron incluir este inciso que ahora se nos propone aprobar. El problema no está sólo en las argucias empleadas en los procesos judiciales penales para conseguir que el calendario caduque la prisión preventiva. El problema va más allá, pues la caducidad de la prisión preventiva es resultado del sistema penitenciario y judicial – penal que no sabe de tiempo, eficiencia, y objetivos claros. Muy aparte de nombres simpáticos para las nuevas dependencias públicas, la política penal sigue siendo la misma: el hacinamiento de presos, de procesos, de indagaciones previas, de informes policiales. El agregado que se nos pide aprobar no nos dará la solución que necesitamos.

¿Quiere saber qué sucede en ECAPAG?

A finales de la década de 1980, el servicio de agua potable y el de alcantarillado eran prestados por dos empresas estatales. EPAP-G, la Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas; y la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil (EMAG). La empresa provincial era la encargada de satisfacer las necesidades de agua potable. Las necesidades de alcantarillado eran manejadas por separado a nivel cantonal. Ni EPAP-G ni EMAG cumplieron sus obligaciones legales, y así lo consideró el ex presidente de la república Sixto Durán – Ballén en el año 1994, que promulgó el Decreto Ley de Emergencia No. 8, publicado en el Registro Oficial No. 508 (19. Agosto. 1994), conteniendo la Ley de Creación de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG), fusionando agua potable y alcantarillado en un solo ente.

El cheque es una orden inmediata de pago que dispone con su firma el titular de la cuenta corriente, para beneficiar a una persona determinada.

La Corte Constitucional, según el artículo 429 de la Constitución de Montecristi, es el máximo organismo de control, interpretación y de administración de justicia constitucional.

El 12 de enero de 2011 los representantes legales con poder de librar dentro de la Cervecería Nacional CN S. A., giraron un cheque contra los fondos disponibles que la empresa mantiene en su cuenta corriente anotada el Bando del Pacífico. El monto fue de quinientos mil dólares americanos. El beneficiario fue el señor Alfredo Larrea Jijón.

Carlos Andrés Pérez Rodríguez, ex presidente venezolano, falleció en la ciudad de Miami el pasado 25 de diciembre de 2010. Su muerte trajo un lío entre la República Bolivariana de Venezuela, la viuda y un juez americano del condado de Miami – Dade, que finalmente se zanjaría con el sepelio del ex mandatario en su tierra natal de Rubio, Estado Táchira, Venezuela.

Pero la muerte de este líder de izquierda, que insertó a su país en el privilegiado mercado de los petro – dólares (por algo en la década de 1970 lo llamaron “Venezuela Saudita”) no es lo que quiero compartirles. Quiero corresponder en esta columna a un comentario de Álvaro Vargas Llosa que le sirvió de corolario para una nota que redactara en Vistazo No. 1042 de enero 20 de 2011.

El fracaso político, dirigencial y deportivo de Eduardo Maruri Miranda ha sido muy lamentable. El traspié cometido con el Barcelona Sporting Club (BSC) lo ha dejado como el damnificado número uno: entre llantos y besos a sus hijos, renuncia, tirando la pelota al estético Dr. Juan Carlos Estrada Aguirre, quien al hervirle la manos por la responsabilidad lanzada, tira la bola en menos de 24 horas al primero que ve: Harb Viteri. Este último, de carambola presidente del BSC, ya llora las más tristes. No hay plata, peleas anticipadas con auspiciantes del año que terminó, y flirteos sin disfraz con Alianza País. ¡Qué suerte más infausta ha caído sobre BSC!

A Augusto Barrera lo asaltan en la ciudad que él mismo dirige y representa legalmente; y para el señor no sucede mayor cosa, pues el tema ha sido calificado como común, de poca monta, que es lo mismo. Si así seguimos con ese discurso tan propio de los científicos sociales autistas que nos gobiernan, la situación de inseguridad ciudadana seguirá resolviéndose con más balas, más camionetas, más motos, más radios y más gasto sin retorno ni resultados efectivos. ¿Tan difícil es entender que ese modelo de policía francesa del siglo XIX ya ha colapsado en el Ecuador? ¿Cuándo veremos policía civil de verdad, en precintos de seguridad, organizados en distritos barriales y electorales, sobre los cuales se monten verdaderos cuarteles que alberguen juzgados de contravenciones, fiscalía y pertrechos? En un gobierno de Alianza País no veremos esto. Estoy seguro.