Corría 1964, cuando el estado ecuatoriano firmó un contrato de concesión con Texaco, empresa que asume, mediante una de sus concesionarias, el rol de operador único del consorcio. Hasta el año 1977, se habían producido algunos movimientos en la composición accionaria del consorcio, pero Texaco mantenía y mantuvo su función como único responsable de las operaciones en la Amazonía ecuatoriana concesionada en 1964; donde conservó su función de operador hasta 1990. La concesión termina en 1992, fecha en la que Texaco, luego de cometer un extraordinario abuso ecológico a la selva del Ecuador, se retira del país.
En el año 1993, se da inicio al conocido como juicio Aguinda, en el distrito sur de la corte de Nueva York, donde el grupo de demandantes, formado por nativos amazónicos liderados por un equipo de abogados estadounidenses y ecuatorianos, alegaron que entre 1964 y 1992 las actividades de operación petrolera contaminaron la selva y los ríos de Ecuador y amparados en teorías de negligencia, molestias públicas y privadas, de responsabilidad objetiva, supervisión médica, trasgresión, conspiración civil y de violaciones, al conocido como Alien Tort Claims Act en los Estados Unidos, reclamaban a Chevron el reconocimiento de daños económicos, una amplia reparación equitativa para corregir la contaminación de las fuentes y el medio ambiente, entre los reclamos más importantes.