La fiereza con la que fue anunciado el fin de los tiempos para el problema de la no posesión de un cobijo familiar en la “Patria de todos”; el arma temible y, a la vez gloriosa, de los bonos de la vivienda, incrementados con solera; el discurso encendido y patriota –entendiendo las buenas intenciones del Presidente-, se están diluyendo en los más antidiluvianos problemas domésticos que este País haya presenciado.

Presumimos que, la presencia de funcionarios –en el Ministerio respectivo-, de buena formación académica, de ideales y sueños frescos, amigos del Presidente y dispuestos a mojarse el poncho por la Patria, daría al traste con ese prematuro dinosaurio denominado Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Presumimos, decimos, que al fin se pensaría en el mediano y largo plazo sin abandonar el corto. Que se actuaría para el ser humano como el centro del universo.

Que sí… Que construiríamos de inmediato casas, casitas y casotas para los diferentes estratos y geografías abandonadas, que diseñaríamos una política de vivienda acorde con los tiempos, y, planificaríamos para la protección del futuro familiar y, por supuesto, para el desarrollo de las áreas rurales y la amenidad de los centros urbanos.

Pero la desilusión es mayúscula. Las respuestas a un viejo problema son más viejas y corroídas que el mismo problema. Los hechos demuestran que no existe una ruta correcta en el avanzar (¿?) del Ministerio. Las molleras nuevas siguen pensando –más aún, creyendo- que la inexistencia de mercado de viviendas de interés social se soluciona construyendo cajas de fósforos de zinc y ladrillo. Es decir erradicando una arquitectura vernácula de guadúa o tierra, por metal y ladrillo como alternativa de cambio de suburbios por Suburbios.

Este ministerio, que lo reconocieron hijo adoptivo en los tiempos del Arquitecto Durán Ballén, arrancó baldado y sus taras se siguen exponiendo a la luz de una historia que un día pedirá cuentas a través de los hijos de los hijos.

La dignidad de los seres humanos está por encima de cualquier conjetura electoral, económica o política. La protección a la familia es una ineludible obligación estatal. El cobijo es un derecho universal que debe ser suplido (sin ser obsequiado) por los gobiernos que se suceden en la conducción del País.

No discutimos la calidad buena o mala de las construcciones porque eso es, solamente, el efecto de causas mucho más profundas que ningún gobierno las ha querido ver y, éste, que tiene el poder en sus manos, está asentado sobre medidas inmediatistas y apuradas.

Es que existe una política de vivienda?

Cuál es la definición oficial de vivienda de Interés Social? ¿Acaso es una reducida caja de mampostería (cercana al ataúd)?

En dónde están las especificaciones mínimas que debe tener una vivienda? ¿En dónde los espacios, las superficies, los materiales mínimos?

A dónde han ido las garantías a exigir en el tiempo, obligación de todo constructor?

Qué pasó con el desempeño de los diseñadores, o, estamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores del pasado antiguo y reciente?

Qué pasó con la función de los fiscalizadores? ¿Se hicieron de la vista gorda o nunca existieron?

Qué obras urbanas fueron ejecutadas para el bueno y digno funcionamiento de las viviendas?

Muchas y muchas preguntas se ponen en fila para ser respondidas.

Las molleras nuevas resultan faltas de acción dirigida. Desilusionan y hasta desdicen de su fidelidad con el Gobierno. La falta de eficiencia es una deslealtad, no sólo con el Presidente para el que se trabaja, para la Universidad que los graduó, para la “Revolución Ciudadana” y, por sobre todo, para la “Patria de Todos”.