El Derecho ecuatoriano, se está reinventando y se pretende que resulte lícito y normal que un notificador del Ministerio que se supone defiende los derechos de los trabajadores, se presente en cuanta entidad pública se le ordene, al mando de un grupo policial, y retire de su lugar de trabajo a centenares de servidores, con la coerción de la presencia de los uniformados y exigiéndoles además, que firmen su renuncia a título de “voluntaria” para logar así un despido intempestivo que se lo podría calificar de desempleo sin anestesia.

El marco legal para tal procedimiento, lo constituye un decreto presidencial No. 813, dictado el 7 de julio del presente año, que dispone que las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias –sic- con indemnización conforme a lo presupuestado, pagadero en efectivo.

Lo increíble del caso, es que las instituciones del Estado donde han laborado los despedidos, no son las que ejecutaron el despido, quien lo hizo fue el Ministerio de Relaciones Laborales, institución donde los despedidos podrían acudir para hacer valer sus derechos conculcados.

Algunos de los funcionarios públicos despedidos, poco les faltaba para optar su legítima jubilación, lo que agrava el daño personal causado a dichos servidores públicos.

Este decreto ejecutivo, deja de lado la norma constitucional que por ser Suprema en el orden jerárquico de aplicación del Derecho se encuentra por sobre toda ley orgánica, no se diga de un decreto ejecutivo, en todo régimen que se precie de democrático.

Se ha pretendido que los despedidos eran servidores corruptos y dignos de tacha, pero para ello las instituciones del Estado, tenían expedita la vía ante el Ministerio de Relaciones Laborales para separar a los malos servidores con causas administrativas debidamente comprobadas y resueltas. Con el procedimiento utilizado el juzgador de esas causas resultó ser el ejecutor de la medida de hecho emprendida, constituyéndose el agravio a los funcionarios despedidos en causa de reclamación de daños y perjuicios al Estado ecuatoriano.

Esta medida de hecho coincide con la renovación de los Secretarios de Estado, quienes deberán llamar a los nuevos colaboradores para cubrir los puestos resultantes de los despidos intempestivos de los funcionarios de carrera.

Siempre queda algo nuevo para el asombro.